La criptomoneda más utilizada en el mundo, el bitcoin, operaba hoy a un valor aproximado de 57.800 dólares por unidad, según los datos del tracker Coinmarketcap.

El 10 de noviembre, el precio había rozado los 69.000 dólares, por lo que el bitcoin perdió cerca del 20% de su valor en menos de dos semanas.

Esta caída no sólo afectó a la unidad de mercado digital más conocida en la actualidad. Las criptomonedas en general se vieron impactadas en los últimos días por el temor a las regulaciones, luego de que el nuevo plan de infraestructura de los Estados Unidos, aprobado por el Capitolio y ratificado este lunes por el presidente Joe Biden, incluyera requisitos fiscales para las monedas digitales.

La ley impone nuevos requisitos de informes a los "corredores" de criptomonedas, como Coinbase, que brindan servicios de transferencias de activos digitales.

Bajo los nuevos requisitos, esas compañías deben proporcionar al órgano recaudador de los Estados Unidos (IRS) cierta información sobre sus clientes, que incluye: nombre, dirección y número de teléfono; los ingresos brutos de las ventas; y cualquier ganancia o pérdida de capital referida a las operaciones con criptomonedas; información que ya suministran los brokers de acciones y bonos.

Asimismo, con el objetivo de evitar el lavado de dinero, las empresas que reciban cifras de US$ 10.000 o más en cripto estarán obligadas a reportar al Gobierno la identidad de quienes lo pagaron, también de la misma forma que ya se realiza en las trasferencias de efectivo.

En sí misma, la medida busca evitar la evasión impositiva y promover la declaración de las operaciones; sin agregar nuevos impuestos; ya que las monedas digitales, de forma similar a una acción o a un bono, eran ya consideradas como propiedades, y por lo tanto se pagan impuestos, por ejemplo, a los ingresos percibidos en dicha especie.

En ese sentido, la IRS ya comenzó a intimar a las personas que no declaran sus transacciones en criptomonedas y sus agentes ya incautaron un total de US$ 3,5 mil millones sólo durante el año fiscal de 2021, comprendiendo un 93% de todos los activos incautados por la organización a partir de su vinculación con casos de lavado de dinero, distribución ilegal de narcóticos, fraude electrónico y evasión fiscal.

La medida fue cuestionada por la industria de monedas digitales, ya que la terminología utilizada implica que también abarcaría a los mineros de criptomonedas (personas que proveen el procesamiento computacional necesario para validar las transacciones) y los desarrolladores de software, que no pueden proporcionar información al fisco ya que no pueden acceder a la misma al ser encriptada.

Como respuesta, un grupo bipartidista en el Senado estadounidense indicó que está trabajando en un proyecto de ley que pretende modificar y reducir la definición de quien estaría obligado a reportar las transacciones, aclarando que los desarrolladores de tecnología “blockchain” y de billeteras digitales no estarán obligados a realizarlo.

Pese a la abrupta caída, diversos analistas consultados por la agencia Bloomberg adjudican asimismo la corrección a la propia naturaleza volátil de las criptomonedas, y era considerada como esperable luego de un incremento del 40% en el valor durante octubre.

En el caso del bitcoin, luego de alcanzar un récord de casi US$ 65.000 a principios de abril; para mediados de junio su valor descendió más de un 50%, para luego repuntar de nuevo.

Pese a la volatilidad, los promotores de las criptomonedas consideran al bitcoin como una reserva de valor y como cobertura frente a la inflación, aunque dichos argumentos son controversiales.